En diciembre de 1971, con 17 años, Juliane Koepcke fue la única sobreviviente del vuelo 508 de LANSA y caminó once días por la selva hasta ser rescatada. Luego del trágico accidente que marcaría su vida, Koepcke se doctoró en biología en Alemania y dedicó su carrera a estudiar y proteger la Amazonía peruana. Hoy dirige la Fundación Panguana y denuncia que la minería ilegal de oro avanza sobre la estación biológica que fundaron sus padres en 1968, a orillas del río Yuyapichis, en la provincia de Puerto Inca (Huánuco).
Nuestra primera estación biológica
Panguana es la estación biológica más antigua del Perú, una reserva natural ubicada en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, en la región de Huánuco. En casi 60 años ha recibido a científicos de alrededor de 30 países y sostiene estudios de largo plazo sobre biodiversidad, ecosistemas amazónicos y clima, además de programas de educación ambiental y restauración. Desde 2011 es también un Área de Conservación Privada reconocida por el Ministerio del Ambiente, que abarca hectáreas con una zona de influencia real gestionada por la fundación que llega a proteger un ecosistema continuo de hasta 700 hectáreas en total.
En este bosque habitan más de 600 especies de vertebrados, entre jaguares, pumas, tigrillos y monos, y unas 353 aves como el águila morena, el paujil y el tucán encrespado. Un centenar de mamíferos, 78 anfibios y 53 especies de murciélagos. Unas 500 especies de árboles, entre caobas, cedros y lupunas. Además de más de 300 tipos de hormigas y 232 de mariposas. Toda esa riqueza, documentada durante décadas de investigación, hoy está seriamente amenazada por el avance sin control de la minería ilegal en Huánuco.
La muerte de un río
Koepcke expuso el grado de afectación que enfrentan durante el encuentro “Panguana bajo amenaza”, realizado en octubre de este año en Lima y organizado por la iniciativa Amazonía Resiliente de GRADE, la Fundación Panguana, la Embajada de Alemania y el Observatorio de Minería Ilegal. Con imágenes satelitales la científica mostró que, solo desde 2025, unas 100 hectáreas fueron afectadas entre pérdida de bosque, apertura de carreteras ilegales y actividad minera.
Fernando Malatesta, representante de la Fundación en la zona, también brindó un emotivo mensaje durante el encuentro. “Recibimos respuesta de la Policía de Yuyapichis, pero lastimosamente no fueron a favor de nosotros, sino a favor de la minería ilegal. En vez de sentirnos protegidos por el Estado, la verdad nos hemos sentido abandonados”.
En palabras del equipo de panguana, el avance de los mineros fue “de la noche a la mañana”. Imágenes de drones difundidas por la Fundación llegaron a mostrar hasta 30 excavadoras operando solo en los alrededores de la estación. A inicios de este año, el abogado de Panguana, César Ipenza, describía un río que “prácticamente está muerto”.
Tras recibir múltiples mensajes de amenazas hacia sus vidas, investigadores, estudiantes y trabajadores tuvieron que dejar la estación por razones de seguridad, y con ellos se interrumpieron las investigaciones. La Fundación se vio obligada a pagar vigilancia privada para impedir el ingreso de maquinaria a algunos sectores, aunque Koepcke advierte que no cuentan con los recursos para sostener ese gasto en el tiempo.
El pedido de Panguana
El Alto Comisionado para el Combate de la Minería Ilegal, general Raúl Hoyos, reconoció que en 2025 hubo operativos de interdicción en la zona que destruyeron excavadoras, campamentos y motobombas. Y anunció que buscará instalar con la Marina de Guerra un puesto de control fluvial móvil y evaluar después uno fijo.
Mariano Castro, director de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa de GRADE, pidió garantizar la seguridad de Koepcke y su equipo, perseguir a quienes financian la maquinaria y remediar el río. Sostuvo que “el valor que tiene Panguana amerita sin duda un puesto de control específico”.
Castro también cuestionó las prórrogas sin condiciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Días después del encuentro, las bancadas de los partidos Obras y Juntos por el Perú han presentado proyectos en el Congreso para ampliar hasta 2028 el Reinfo, un registro que el propio Ministerio de Energía y Minas considera un paraguas legal para la minería ilegal.
