Durante milenios, los seres humanos vivimos como parte de los ecosistemas que habitamos. Solo en los últimos dos siglos, con la Revolución Industrial, esa relación se fraccionó y comenzamos a tratarlos como recursos externos a explotar. Pero, aunque parezca pequeña, esa inversión conceptual tiene un costo que apenas estamos empezando a contabilizar. La lección que nuestros más grandes «empresarios» parecen haber olvidado es que la economía no es el sistema que sostiene a la naturaleza. Es la naturaleza la que la sostiene a ella.
Nadie vive sin dinero, eso es cierto
Según el World Economic Forum, más del 50% del PIB mundial, unos 44 billones de dólares, depende de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Y aun así, el argumento del «desarrollo» sigue usándose para justificar su destrucción sistemática. Pero reducir esto a una cifra es, en cierta forma, parte del problema.
Cada átomo de oxígeno que entra a nuestros pulmones fue producido por una planta. Cada caloría que mueve nuestros músculos emergió de un suelo. El agua que circula por nuestras venas pasó antes por ríos, nubes y raíces. No dependemos de la naturaleza como dependemos de un proveedor. La naturaleza no es externa a nosotros. Somos, en sentido estrictamente biológico, una de sus expresiones más recientes.
Los sistemas económicos son invenciones todavía más recientes. El mercado, la moneda, el PIB, todos son construcciones que nuestra especie desarrolló en un parpadeo de la historia evolutiva. La biosfera, en cambio, lleva 3.800 millones de años perfeccionando sus equilibrios.
La economista Kate Raworth, investigadora de Oxford, quien lleva años advirtiendo que el modelo económico dominante opera como si los límites del planeta no existieran. En su libro “La economía del donut”, propuso un marco donde ninguna actividad económica puede justificarse si destruye los sistemas naturales que la hacen posible. Bajo esa lógica, cuando alguien deforesta la Amazonía bajo el pretexto del crecimiento, no está generando riqueza. Está liquidando el capital natural que hace posible toda riqueza futura. El resultado no es pobreza económica en el sentido convencional. Es un mundo donde el acceso a agua limpia, comida y aire respirable se convierte en un privilegio. Y eso no es un escenario distópico. Está pasando ahora mismo, y en Perú.
La ley que legaliza la destrucción
Han pasado años desde la modificación de los artículos 29 y 33 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada en diciembre de 2023 por insistencia, sin estar en agenda y tras un «debate» de menos de diez minutos. La también conocida como «Ley Antiforestal» eliminó requisitos técnicos clave como la zonificación forestal y las autorizaciones de cambio de uso de tierra. Según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la norma permite que «el patrimonio forestal de todos los peruanos sea legalizado en favor de quien lo deforestó.»
Además, de acuerdo al informe de Oxfam Perú «El laberinto verde», aproximadamente 11 millones de hectáreas pasaron del régimen forestal al régimen agrícola con esa sola norma. El mismo informe documenta que las plantaciones de palma aceitera en la Amazonía peruana han liberado 2.859.535 toneladas métricas de carbono, el 45% proveniente de solo cuatro grandes plantaciones, Ocho Sur P, Ocho Sur U, Palmas del Shanusi y Palmas del Oriente.
Finalmente, en marzo de 2025 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales dos de sus disposiciones, el Instituto de Defensa Legal (IDL) advirtió que con ese fallo «se está constitucionalizando la deforestación ocurrida en la Amazonía durante las últimas décadas».
Quienes pagan el precio más alto
Mientras los bosques arden, las personas que los defienden son atacadas. Según el informe «Defensoras ambientales en la Amazonía peruana» de Oxfam Perú, en los últimos 20 años la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos registró 261 ataques a mujeres defensoras en el país. El 23% ocurrió en la Amazonía, donde enfrentan acoso, violencia sexual, criminalización y exclusión por parte de actores ligados a la tala ilegal, la minería y el tráfico de tierras.
No es una coincidencia. Cuando una ley debilita la fiscalización ambiental y vacía de contenido el derecho a la consulta previa, también vacía de protección a quienes dependen del bosque para vivir, y a quienes arriesgan su vida para que el resto también lo tenga.
Más allá de posiciones políticas, hay algo que todos los peruanos compartimos. Somos la misma especie de simio habitando el único planeta capaz de proveernos vida. Los sistemas naturales no son infinitos ni inagotables. Son redes interconectadas que nos sostienen, y que nosotros, en este momento histórico, estamos desmantelando a velocidad industrial.
