En mayo de 2024, Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampís (COMUAWUY), reveló que existían 524 denuncias contra docentes por violencia sexual a estudiantes, registradas entre 2010 y 2024 en Condorcanqui, una provincia amazónica de Perú. Muchas víctimas habrían contraído VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. La noticia provocó indignación en todo el país. Por primera vez, la violencia contra la niñez awajún y wampís ocupó portadas y debates nacionales. Sin embargo, la primera reacción del Estado fue más que lamentable. El entonces ministro de Educación, Morgan Quero, declaró que los abusos serían parte de una «práctica cultural» de los pueblos amazónicos, una frase que expuso el prejuicio con el que el Estado mira a las comunidades indígenas. Dos años después, según el COMUAWUY, los casos de abuso sexual superan los 800 y ninguno tiene sentencia. Ahora, las lideresas exigen al Estado un refugio para las víctimas en Santa María de Nieva, la capital de su provincia.
Más de diez años sin justicia
La primera alerta oficial llegó en 2015. Ese año, la Defensoría del Pueblo publicó el informe «La situación de los internados estudiantiles en las regiones de Amazonas y Loreto», que no tuvo mayor respuesta de las autoridades nacionales. En 2025, un Decreto de Urgencia finalmente autorizó presupuesto para implementar en Condorcanqui el Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ), con fiscalías, juzgados, policía y servicios de protección, según la Defensoría del Pueblo.
Pero ese avance empezó a desarmarse en 2026, cuando el Ministerio Público desactivó por falta de presupuesto las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer de Río Santiago y El Cenepa y despidió a 26 trabajadores. Las lideresas volvieron a salir a las calles para exigir que las fiscalías no cerraran y reclamar justicia para las niñas y niños de Condorcanqui. La presión funcionó y el Ministerio Público anunció su reactivación.
Raphael Hoetmer, Amazon Watch.
La atención internacional llega antes que el Estado
En septiembre de 2026, la Organización de los Estados Americanos (OEA), el principal foro gubernamental del continente, envió una misión a Condorcanqui. Durante una semana, su delegación recorrió Santa María de Nieva, Río Santiago y El Cenepa, y concluyó que la violencia sexual contra niñas y adolescentes en la provincia es estructural y persistente. También advirtió falta de cámaras Gesell y de personal forense, recibió testimonios de amenazas contra víctimas y lideresas, y alertó sobre embarazos infantiles, uniones tempranas o forzadas, casos de VIH que afectan a niñas y suicidios de adolescentes posiblemente vinculados a la violencia y el aislamiento. De los 525 casos que el Ministerio Público abrió desde 2023, apenas 33 llegaron a acusación. Que haya tenido que venir un organismo internacional a escuchar a las víctimas dice mucho de lo que el Estado dejó de hacer durante todos estos años. «Se hubiera esperado una delegación de alto nivel del gobierno peruano a la zona para entender la crisis y traer respuestas concretas, pero todavía no es prioridad para el gobierno», señala Raphael Hoetmer, de Amazon Watch.
Las respuestas del Gobierno nuevamente estigmatizaron a las comunidades indígenas. El actual ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, afirmó ante el Congreso que en esas comunidades “la convivencia íntima con menores no es vista como un delito”. La ministra de la Mujer, María Seminario, señaló al Gobierno Regional de Amazonas y declaró que “este no es un problema ni de la administración de Justicia ni de la Policía ni del Ejecutivo.”
Rosemary Pioc, COMUAWUY.
Las lideresas exigen la creación de un refugio en Nieva
Mientras el Estado discute responsabilidades, las mujeres awajún y wampís acompañan a las víctimas y pagan traslados de su bolsillo, incluso tras haber recibido amenazas por su labor. En 2025 abrieron en Nieva la casa Nuwa Tajimtaji, un refugio temporal que ya acogió a 140 personas y no se da más abasto.
Los refugios del Estado están fuera de la provincia, en Bagua y Pedro Ruiz. Una niña que busca protección se ve obligada a alejarse de su comunidad, su familia y su idioma, lo que según el COMUAWUY aumenta el riesgo de suicidio en las víctimas.
“Exigimos a este gobierno que se construya un albergue donde estén los médicos, psicólogos que puedan atender a estas víctimas”, reclama Rosemary Pioc. Las lideresas piden a María Seminario, ministra de la Mujer, y a Maritza Canales, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, un Hogar de Refugio Temporal en Santa María de Nieva, una Comisión de Alto Nivel en Condorcanqui y presupuesto sostenible para 2027. «Lo que se necesita es abrir investigaciones que lleguen a sus últimas consecuencias. No seguir tolerando la impunidad», agrega Hoetmer.
Firma por un refugio en Nieva
Las mujeres awajún y wampis ya demostraron que un refugio en el territorio es posible y urgente. Ahora piden que el gobierno de Keiko Fujimori asuma lo que le corresponde. Puedes sumarte a su pedido firmando la petición del COMUAWUY y Amazon Watch y enviando un correo a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, y a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales, para exigir un Hogar de Refugio Temporal del Estado en Santa María de Nieva.
