Es casi imposible escapar de él. Está en el chicle, en el celular, en la ropa, los juguetes, en los lapiceros y en las pelotas de fútbol. El petróleo envuelve la vida moderna y aun así resulta casi imperceptible para la mayoría de nosotros. 

Pero en la Amazonía el petróleo tiene formas muy concretas de hacerse notar. El Oleoducto Norperuano, la principal infraestructura de transporte de petróleo del país, acumula 139 derrames entre 1997 y 2023, según el informe «Las sombras de los hidrocarburos». Un rastro de miles de barriles que ha llegado hasta el Marañón, uno de los ríos más importantes de la región, y que todavía afecta a más de 100 comunidades. 

Petróleo en las branquias

En el Lote 8, en Loreto, donde viven las comunidades indígenas del pueblo Kukama Kukamiria, se extrae petróleo desde 1971, primero con Petroperú, luego con Pluspetrol y hoy con la empresa Upland Oil. 

Debes saber que el petróleo no se queda donde cae, viaja junto al pulso del río. Cuando el río sube, inunda zonas enormes de bosques y humedales, y al bajar se lleva consigo lo que tocó. Ese ciclo sucesivo mueve el crudo y los metales pesados lejos del punto donde se derramaron. Además, con cada creciente el suelo esponjoso de los aguajales suelta un poco del petróleo que tenía guardado. Otra parte de los contaminantes se deposita en los sedimentos del fondo, donde los peces se alimentan.

La ecotoxicóloga estadounidense Diana Papoulias y su equipo lo encontraron en esos peces, de los que depende la dieta de las comunidades que viven a orillas del Marañón. Había petróleo en sus agallas, sus intestinos, y, al cocinarlos, desprendían olor a diésel. 

Entonces, un derrame de petróleo es más que una mancha oscura sobre el agua, es como una enfermedad que se expande a todos los seres vivos de la cadena alimenticia desde microorganismos hasta peces y aves, y por supuesto a seres humanos. En nosotros causa irritación en la piel, mareos y dolores de cabeza; y a largo plazo, mutaciones genéticas, leucemia, alteraciones neurológicas, cáncer, y hasta abortos espontáneos.

Para los Kukama Kukamiria, uno de los pueblos que habitan estos territorios desde mucho antes de que existieran los estados modernos, contaminar el Marañón es también contaminar lo más profundo de su tejido social. Para ellos los ríos son ‘bosques líquidos’, mundos habitados por miles de seres vivos, parte de una red inteligente que entrelaza la vida cotidiana, la memoria ancestral y su mundo espiritual. 

Fue esa comprensión de la naturaleza la que logró que, por primera vez en el país, un tribunal mirase el río como algo más que un recurso.

La demanda que cambió la historia

Fue un grupo de mujeres kukama, agrupadas en la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana, quien decidió llevar el río a los tribunales. En 2021 pidieron que el Marañón fuera reconocido como sujeto de derechos, es decir, buscaban que sea reconocido no como propiedad humana, sino como un ser vivo con derechos básicos y que merece ser defendido ante la ley.

El 8 de marzo de 2024, tres años después, el Juzgado de Nauta, en Loreto, les dio la razón, aunque no del todo en sus términos. No declaró al río «sujeto de derechos», como pedía la demanda. Lo reconoció como «titular de derechos». El fallo se explica así. Durante siglos, «sujeto de derechos» ha sido una categoría reservada para las personas, y extenderla a un río todavía genera resistencias. Ser titular de derechos esquiva esa discusión y, aun así, le concede al Marañón lo que las mujeres kukama exigían, la protección más alta frente al daño ambiental y la posibilidad de ser defendido en los tribunales. La Corte Superior de Loreto confirmó el fallo en octubre del mismo año y además le reconoció personalidad jurídica.

La sentencia fue histórica y le reconoció al Marañón y sus afluentes un conjunto de derechos. Derecho a fluir y a estar libre de contaminación, derecho a alimentar y ser alimentado por sus afluentes, derecho a la biodiversidad, a ser restaurado y a la regeneración de sus ciclos naturales, entre otros. También dejó tareas concretas, algunas todavía pendientes y que implican batallas constantes. Ordenó crear consejos de cuenca con participación indígena, reconoció a las comunidades como guardianas del río y exigió a Petroperú mantener el Oleoducto Norperuano y actualizar su gestión ambiental. 

Pero un derecho no vale solo por estar escrito. El filósofo y Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, sostiene que los derechos no son solo instrumentos jurídicos, y que su relevancia real depende de su capacidad de integrar las realidades sociales y las culturas locales. Es decir, una ley impecable no sirve de nada si el mundo que produce sigue siendo injusto, lo que importa es la justicia que de verdad ocurre en la vida de la gente.

Un movimiento que crece en el mundo

En 1972, el profesor de derecho estadounidense Christopher Stone publicó un artículo que escandalizó a la academia. Argumentó que los ríos y los ecosistemas deberían tener representación legal. Tres décadas después, el abogado sudafricano Cormac Cullinan sistematizó esas ideas en lo que llamó «Wild Law», reconociendo que los pueblos indígenas ya llevaban siglos practicando lo que el derecho occidental recién empezaba a teorizar. La idea de que un río está vivo y merece protección.

Y el Marañón no es el único río que los reclama. El movimiento por los derechos de la naturaleza lleva años sembrando precedentes. En Colombia, el río Atrato fue uno de los primeros casos emblemáticos de la región cuando un tribunal lo reconoció en 2016. Un año después, en Nueva Zelanda, el pueblo maorí logró lo mismo para el Whanganui. Y en 2024, un tribunal ecuatoriano reconoció los derechos del río Machángara, que cruza Quito, tras la demanda del pueblo indígena Kitu Kara.

Según un estudio del proyecto More Than Human Life (MOTH) de la Universidad de Nueva York, hasta enero de 2024 se habían impulsado 493 iniciativas de reconocimiento de derechos de la naturaleza en 44 jurisdicciones y foros internacionales como la ONU, y cerca de tres cuartas partes fueron aprobadas. Sin embargo, el mismo estudio advierte que no basta con que un tribunal los dicte, su aplicación suele quedar a medias y la tarea de hacerlos respetar termina recayendo sobre las propias comunidades. Por eso, es crucial que el reconocimiento de las comunidades no reemplace la obligación estatal, sino que la acompañe.

En abril de 2025, Mariluz Canaquiri Murayari, presidenta de la federación Huaynakana y lideresa kukama kukamiria, recibió el Premio Medioambiental Goldman, considerado el Nobel de los defensores ambientales. Canaquiri fundó la asociación de mujeres Huaynakana en 2001, tras años de derrames. Antes de la victoria del río Marañón ya había peleado y ganado contra el proyecto Hidrovía Amazónica que amenazaba al mismo río y que no había sido consultado a los pueblos indígenas. 

Durante la ceremonia lanzó un mensaje directo contra el gobierno de Dina Boluarte, al que calificó de «autoritario» por su trato hacia los pueblos indígenas. «Cuando alguien alza la voz y lucha, el gobierno lo criminaliza, lo asesina, y eso no es justo. Por las luchas colectivas que hemos venido emprendiendo, mi persona también ha sido criminalizada», dijo. 

¿Cuánto tardaremos en comprender que, si no garantizamos los derechos de la naturaleza, tampoco los nuestros están garantizados?